Plan de inclusión de recicladores puede ejecutarse en cualquier esquema regulatorio, según concepto.
El modelo de aseo que el alcalde Gustavo Petro ejecuta con inclusión de recicladores y metas para formalizar a esta población como prestadores del servicio se puede seguir desarrollando con la normatividad vigente y sin que para ello se requiera un régimen “exceptivo”.
La Procuraduría emitió este concepto a la Corte Constitucional, el pasado 24 de abril, al responder un requerimiento que el alto tribunal le hizo, en el sentido de que informara si con los modelos regulatorios del servicio de aseo existentes se podrían garantizar o no acciones a favor de la población recicladora, al nivel alcanzado por el Distrito.
Según la Procuraduría, “el argumento del Distrito en cuanto a que solo bajo el régimen de áreas de servicio exclusivo (ASE) es posible cumplir con las órdenes de la Corte, sobre la inclusión social de los recicladores, no solo desconocería órdenes dadas por la Corporación y el principio básico de las acciones afirmativas, sino también los avances realizados en otros municipios del país donde se vienen implementando modelos y políticas en favor de la población recicladora en régimen de libre competencia”.
La procuradora delegada Fanny María González, en la misiva enviada al presidente de la Sala Tercera de Revisión de la Corte, Luis Guillermo Guerrero, explicó que, por ejemplo, en Cali se aplica un plan de inclusión con recicladores en un mercado donde compiten nueve empresas de aseo.
Un esquema parecido se ejecuta en el área metropolitana de Bucaramanga (con Girón, Piedecuesta y Floridablanca) a través del “modelo urbano de reciclaje inclusivo”, coordinado por la autoridad ambiental.
En este caso, “se están materializando acciones afirmativas en favor de los recicladores organizados, quienes operan directamente la cuarta frecuencia selectiva de recolección de residuos aprovechables y acceden a los recursos de la tarifa por el desarrollo de su actividad mediante acuerdos comerciales con los prestadores de los residuos no aprovechables”, precisó la Procuradora delegada.
De ahí que las acciones a favor de los recicladores en el modelo de aseo bogotano “son viables en un escenario de libre competencia en el mercado o como áreas de servicio exclusivo”, dijo el ente.
El Ministerio Público insistió en que “el establecimiento de regímenes exceptivos a la libre competencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios no está sujeto a la discrecionalidad de los mandatarios de turno, sino al cumplimiento y verificación de condiciones”.
Frente a otra pregunta de la Corte sobre si el marco tarifario vigente reconoce económicamente las acciones de los recicladores, la Procuraduría respondió que sí, en cualquier modelo regulatorio o marco tarifario que rige en el territorio.
En este punto de la remuneración, la Procuraduría volvió a llamar la atención sobre el hecho de que en el seguimiento al modelo bogotano ha advertido que “se viene pagando a personas naturales e incluso a quienes no acreditan realizar de manera permanente y tener por oficio el reciclaje, lo cual promueve la informalidad y desincentiva la asociatividad”. Precisamente el pago a población indigente del Bronx y otras zonas de la ciudad ha sido cuestionado por los recicladores de oficio y desde el Concejo de Bogotá.
El Distrito, a su vez, ha insistido que con el marco tarifario actual no puede pagar el aprovechamiento y cumplir con el plan de inclusión de la población recicladora como lo ordenó la Corte.
Plan de inclusión
Entre los objetivos del plan de inclusión de recicladores del Distrito están:
Garantizar que el 100 % de la población bogotana conozca el programa basura cero.
Reorganizar el servicio de aseo hacia el aprovechamiento y que los recicladores de oficio participen como operadores.
Desarrollar el marco regulatorio que garantice la reorganización del servicio de aseo orientado al aprovechamiento.
Brindar el acompañamiento requerido por los recicladores en materia de inclusión social.
La Procuraduría dijo que estos objetivos y un total de 33 metas que tiene el plan son viables y solo habría dificultad en una, que es la remuneración al 100 % de la población recicladora.